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DOCUMENTO 50.

COVID 19 | LA PANDEMIA y LA CABA. Mayo 2020

Tal como lo venimos señalando en documentos anteriores reafirmamos que, el avance y la consolidación del modelo neoliberal del Pro y Rodríguez Larreta en la administración política del Estado municipal en la CABA, viene definiendo alineamientos en la FADU y en la UBA, no precisamente a favor del interés público. Como nos han habituado, mientras se dice trabajar para el interés común, en la práctica, se hace todo lo contrario.

Buscamos poner a la Universidad Pública a pensar y producir a favor del pueblo y los intereses nacionales y populares, por lo tanto, como integrantes de la comunidad académica de la FADU | UBA afirmamos que el desafío determinante es por el sentido común de nuestras prácticas profesionales y académicas y, por ende, el completo desmantelamiento de la reproducción de las pautas e intereses de la estructura social dominante, que se promueve y consolida desde nuestras universidades. La formación universitaria hoy se conforma en función de la imposición de modelos que legitiman su propio modo de vida como el único posible, o mínimamente, el más apropiado para el resto de la sociedad.

 

Lo reclamamos siempre, antes y durante el pleno desarrollo de la pandemia, urge y es indispensable resistir al modelo extractivo que está moldeando las ciudades latinoamericanas a su antojo, de acuerdo a los criterios abusivos impuestos por la especulación mezquina de las corporaciones inmobiliaria y grupos económicos de desarrolladores urbanísticos que mercantilizan suelo público con complicidad de gobiernos estatales a la vez que expulsan y descartan a las clases populares.

 

Lo podemos comprobar rápidamente con la cantidad irrefrenable de infectados de nuestras villas de la ciudad, donde por más de una docena de días estuvieron sin servicio de agua potable, promoviendo el contagio al reunirse en canillas públicas para llevar el agua a sus viviendas. Denunciamos la responsabilidad del Gobierno de la CABA, a cargo exclusivo del tendido de redes de infraestructuras dentro del perímetro que conforma el Barrio Padre Carlos Múgica, compromiso oportunamente asumido por Macri (anterior Jefe de Gobierno Pro) para llevar provisión de agua a sectores con calles de anchos menores a 7 m.

 

Como resultado nos encontramos que hoy uno de cada tres habitantes de la CABA con Covid 19, es población villera, más de 1.200 personas contagiadas. No se contagiaron por volver recientemente de Europa sino por trabajar en las casas de los que sí tienen la oportunidad de viajar. Acordemos que no son solo el sector más vulnerable, sino el más vulnerado!!!!

Hoy la CABA, con un presupuesto 32 veces superior a La Matanza y de casi 2,5 veces aa la sumatoria del conjunto de los 30 municipios de su conurbano, (que deben atender cuatro veces su población y más de treinta veces su superficie), debería estar trabajando en procura de aliviar la situación de: personas en situación de calle o amenazadas por desalojos, en lugar de promoverlos; la compleja realidad de mujeres y niñxs que, encerradas con sus perpetradores, sufren múltiples violencias; lxs trabajadorxs informales y personas empobrecidas, colaborando en la acción del gobierno nacional y, en especial, les habitantes de villas y asentamientos de la ciudad, protegiendo de esta manera a los más vulneradxs y afectadxs por los impactos económicos y sociales que conlleva el COVID 19.

 

En nuestra CABA, gobernada por el PRO hace 13 años, el extractivismo urbano se ejecuta sin regulación ni mediación alguna por parte de un Estado convertido en un agente inmobiliario más, que enajena su patrimonio a precio vil y se asocia con empresas privadas solamente para apropiarse de las pérdidas sin siquiera aspirar a compartir beneficio alguno. Es el caso de las empresas de Participación Pública y Privada (PPP) puestas en marcha por el Gobierno de Macri y con continuidad en la ciudad. Es el caso de las villas 31 y 31 bis, donde ya vendieron la tierra aledaña a la villa, que hubiera permitido su esponjamiento y la reducción de las condiciones actuales de hacinamiento.

 

En este sentido consideramos que la facultad debe volver a gestar conocimiento y ser formadora de pensamiento teórico crítico, contra hegemónico, visibilizando acciones en defensa de los intereses de las mayorías; la FADU no puede ni debe ser parte del banquete privado de depredación de la tierra pública, conviniendo y patrocinando concursos temáticos marketineros como el “Parque de la Innovación” en las tierras públicas del Tiro Federal o el “Distrito Joven” en las de Costa Salguero.

 

En lugar de la lotería alegre que realiza el PRO entre sus amigos para densificar la CABA, rematando toda la tierra pública, deberíamos estar defendiendo esa tierra en función de otorgarle un mínimo de superficie de área verde, abierta y de calidad por habitante de la ciudad.

 

Debemos preservar como ciudadanos nuestra tierra pública para mejorar nuestra relación con la naturaleza, a través de una agenda centrada en la salud pública, biosanitaria, sustentable y amigable con un diseño de ciudad que promueva el encuentro social y la vida al aire libre de calidad.

 

Debemos ser capaces de convertirnos en un auténtico bastión de transformación para proponernos la generación de espacios de debate que habiliten poner en crisis los valores y modelos académicos universalizados por la clase dominante. Y para esto debemos crear ámbitos que posibiliten la vinculación de la FADU con las organizaciones sociales y los municipios del AMBA, emergiendo de la isla de clase en la que está inmersa para poder responder a las demandas de su pueblo.

 

Entendemos que la experiencia pedagógica más productiva es la que se fundamenta en el conocimiento y el compromiso de la universidad con la realidad, de manera de ofrecer respuestas a las necesidades de la comunidad a la cual pertenece, siendo necesario resignificar la arquitectura y rediseñar las ciudades con un horizonte de inclusión y convivencia.

 

Propiciamos que las cátedras de grado, centros de investigación, maestrías y carreras de especialización puedan vincularse, mediante convenios, a los municipios o provincias para capitalizar el enorme esfuerzo que se desarrolla cada año en propuestas concretas puestas al servicio de las necesidades del territorio.

 

El camino lo trazan las universidades del Conurbano, como la UNDAV que, a través de su Secretaría de Extensión, creó la Cátedra de Trabajo Social Comunitario transversal a todas las carreras, que desarrolla proyectos en función de las necesidades que les plantean las Organizaciones Comunitarias.

Proponemos entonces llevar el trabajo académico a los barrios con las organizaciones sociales, territoriales e institucionales, retomando la experiencia de una universidad comprometida con su pueblo, habilitando la integración de saberes populares y académicos, reflexionando acerca de las metodologías ya desarrolladas para proponer nuevas alternativas superadoras, comprometiéndonos en esa realidad para actuar directamente en su mejoramiento.

 

La Universidad puede permitirse tiempos de proyectos que exceden los plazos acuciantes de formulación de los organismos del Estado, tomando demandas que pueden ser resueltas a mediano o largo plazo.

También puede acompañar la formulación de proyectos participativos, los cuales requieren cierta flexibilidad respecto a las urgencias municipales, ajustándose a los tiempos que requieren los acuerdos entre múltiples actores e intereses y la gestión de los conflictos que necesariamente surgen.

 

De esta manera podemos colaborar en desestandarizar, desburocratizar la respuesta de escritorio que acostumbra a dar el Estado para la “arquitectura social”, denominación que posee un único fin: devaluarla, bajarla de categoría, hacer arquitectura pobre para pobres, en total disonancia con la historia de las urbanizaciones, viviendas y créditos destinados para los trabajadores de nuestra patria en los Gobiernos Peronistas del ‘45 al ‘55.

 

Debemos empezar a formularnos como sujetos activos de nuestras comunidades, estando donde realmente se necesita, dejando de priorizar la lógica privada por sobre la pública, en una dinámica más horizontal y colaborativa del diseño, entendiendo a éste como un hecho colectivo en diálogo ineludible con otras disciplinas.

 

El proceso debe desembocar en la urgente transformación de los planes de estudio, sosteniendo y multiplicando las incumbencias profesionales actuales, que habiliten la construcción de herramientas para trabajar con el horizonte del derecho a la ciudad, a la belleza y al hábitat saludable.

 

Se torna imprescindible la democratización de los territorios, la producción de suelo urbano, el acceso popular a la tierra y a la vivienda digna, a los servicios de redes e infraestructuras, a los equipamientos, vinculando la investigación y el trabajo universitario con proyectos gubernamentales, posibilitando que la arquitectura y el diseño estén al alcance de todas y todos.